Después de una disputa que duró más de cinco años, el gobernante Partido Socialista de España y el mayor partido de oposición, el conservador Partido Popular, llegaron a un acuerdo, mediado por la Unión Europea, para reemplazar puestos judiciales clave.

El ministro de Justicia socialista español, Félix Bolaños, y el miembro conservador del Parlamento Europeo, Esteban González Ponce, alcanzaron el acuerdo con el apoyo de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, el martes en Bruselas.

«Es un gran día para nuestra democracia y nuestro Estado de derecho», dijo Bolaños a los periodistas en Bruselas.

Debido al bloqueo, el Consejo General del Poder Judicial solo ejerce su cargo de forma representativa desde 2018, y muchos cargos judiciales no han podido ser cubiertos. La cadena de televisión estatal RTVE informó que los dos partidos ya han acordado una lista de nombres de los futuros miembros del CGPJ.

El acuerdo se produjo antes de que finalizara el ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Partido Popular. Si no se llega a un acuerdo antes del domingo, el gobierno planea introducir una ley que despojaría al CGPJ, que ahora sólo tiene el poder ejecutivo, del poder de nombrar jueces para los tribunales superiores.

La disputa judicial giró en torno a la superación del bloqueo en la renovación de cargos en el CGPJ. La Unión Europea ha pedido reiteradamente a España que resuelva rápidamente el conflicto.

El CGPJ es el órgano de control judicial que también nombra a los jueces de los tribunales superiores. Se pueden elegir dos miembros para el Tribunal Constitucional.

Los conservadores mantienen una mayoría en el Consejo desde que el Partido Popular está en el poder. En 2018, el Partido Popular perdió el poder y se vio obligado a unirse a la oposición. Desde entonces, ha intentado mantener la mayoría conservadora en el CGPJ.

Tal y como recomienda la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho en España para 2022 y 2023, el acuerdo incluye la decisión de proceder a la renovación inmediata del CGPJ y de presentar una propuesta de ley orgánica para reforzar la independencia del poder judicial y, finalmente, nombrar un nuevo juez del Tribunal Constitucional.

Está previsto que esto sea aprobado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en julio.

Doce de los veinte miembros del CGPJ son nombrados por los jueces y deben ser confirmados por el Parlamento por una mayoría del 60%, mientras que los ocho restantes son elegidos directamente por el Parlamento sin intervención de los jueces. Esta medida otorga a los partidos políticos una influencia significativa sobre el poder judicial.