Madrid (AFP) – Agricultores, ganaderos, pescadores y simpatizantes de la oposición descendieron el domingo en la capital española, Madrid, para protestar contra las políticas ambientales y económicas del gobierno de centroizquierda de España que, según dicen, perjudican a las comunidades rurales.
La protesta del domingo estuvo organizada por Alma Reef 2021, una plataforma que representa a más de 500 organizaciones rurales de toda España.
También asistieron miembros de partidos de oposición, desde centristas hasta simpatizantes de extrema derecha.
La manifestación se produjo cuando los políticos españoles están haciendo campaña antes de las elecciones anticipadas en la vasta región de Castilla León al noreste de Madrid, donde las propuestas contra el desplazamiento y las políticas agrícolas ocupan un lugar central.
Carlos Bueno, presidente de Alma Rive 2021, dijo que la protesta tiene como objetivo resaltar los temores rurales en medio de lo que llamó ataques «ideológicos» del gobierno. Las preocupaciones iban desde la regulación de los precios agrícolas hasta medidas de protección para quienes crían ganado para las corridas de toros y más subsidios para las industrias rurales.
Tractores y carros de bueyes encabezaron la marcha a lo largo de la carretera de Madrid, mientras los manifestantes marchaban desde las puertas del Ministerio de Medio Ambiente de Transición, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, hasta el Ministerio de Agricultura. Entre las muchas pancartas que llevaban los manifestantes, una escribió: «Hablan los agricultores. ¿Quién escucha?».
El Ministerio de Transformación Ambiental de España dijo que el presupuesto del país para 2022 incluye 4.200 millones de euros (4.700 millones de dólares) para combatir el éxodo de personas en las zonas rurales. La organización ha dicho en un comunicado que el mundo rural en España «no necesita consignas populistas, sino participación política y recursos para solucionar problemas históricos».
La disputa por la ganadería industrial ha dominado los titulares el mes pasado desde que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, miembro del socio menor de extrema izquierda de la administración socialista, criticó las operaciones ganaderas a gran escala por dañar el medio ambiente y producir alimentos de mala calidad para la exportación. .
Sus declaraciones provocaron una tormenta política, crearon divisiones dentro de la coalición gobernante y llevaron a los partidos de oposición de derecha a pedir la renuncia de Garzón.