Canadá está utilizando una ley de sanciones que rara vez se invoca contra funcionarios corruptos para unirse a países pares en el ataque a funcionarios de Rusia, Irán y Myanmar.

Las sanciones están dirigidas a funcionarios acusados ​​por Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido de desempeñar un papel en violaciones de derechos humanos de larga data.

Entre los designados para sanciones se encuentran dos altos funcionarios iraníes acusados ​​de supervisar la tortura de la fotoperiodista iraní-canadiense Zahra Kazemi, quien murió bajo custodia en 2003.

Canadá también se unió a sus aliados para imponer sanciones a cuatro rusos acusados ​​de ayudar en una violenta represión contra las personas LGBT en Chechenia, como por ejemplo supervisar el secuestro y la tortura de personas LGBT.

También está bajo sanciones el comandante en jefe de Myanmar, quien supervisó un golpe de estado contra un gobierno elegido democráticamente en 2021.

Las nuevas sanciones se enmarcan en la Ley Magnitsky, una legislación destinada a castigar a los funcionarios corruptos que se ha utilizado solo dos veces desde su aprobación en 2018.

Los senadores argumentaron que Ottawa debería utilizar la ley con más frecuencia, porque se centra en los derechos humanos y la corrupción, en lugar de depender del código penal más general para atacar a las personas que ayudan a regímenes hostiles.