MADRID, España – El periódico El País, citando fuentes cercanas a la agencia, dijo el martes que el servicio de inteligencia de España, CNI, había obtenido la aprobación judicial para espiar a figuras separatistas catalanas.
La operación de espionaje se centró en individuos específicos y no fue «masiva» como se afirmó, según fuentes no identificadas citadas por el periódico.
El grupo canadiense Citizen Lab dijo el lunes que al menos 65 personas vinculadas al movimiento separatista catalán fueron blanco del software espía Pegasus después de un fallido intento de independencia en 2017.
Los funcionarios electos, incluidos los líderes regionales actuales y anteriores, han estado entre los objetivos del controvertido software espía fabricado por el grupo israelí NSO.
Pegasus se infiltra en los teléfonos móviles para extraer datos o activar la cámara o el micrófono para espiar a sus dueños.
Citizen Lab, que se enfoca en abusos de derechos humanos de alta tecnología, dijo que no podía atribuir directamente las operaciones de espionaje, pero que la evidencia circunstancial apuntaba a las autoridades españolas.
Pero fuentes de inteligencia citadas por El País dijeron que el número de separatistas catalanes espiados era «significativamente inferior» al de Citizen Lab, y que el CNI «siempre operó bajo el control de los tribunales».
Contactado por AFP, CNI no pudo ser contactado para hacer comentarios.
El gobierno central de España dijo el domingo que iniciaría investigaciones. El gobierno no ha negado ni confirmado si está utilizando Pegasus o software espía similar, y solo dice que cualquier vigilancia se realiza bajo la supervisión de los jueces.
El líder regional de Cataluña, Pere Aragonés, dijo que la región detendría la cooperación política con el gobierno español hasta que Madrid aclare su papel.
La Alianza de la Minoría Socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confía en los partidos separatistas catalán y vasco para aprobar la legislación.
Cataluña, en el noreste de España, ha estado durante varios años en el centro de una crisis política entre los separatistas, que controlan el ejecutivo y el parlamento regional, y el gobierno central en Madrid.
Las tensiones han disminuido desde que comenzó el diálogo entre el gobierno de Sánchez y las autoridades regionales en 2020 y la concesión de la amnistía a nueve líderes independentistas el año pasado.
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